El presidente de la UCR pampeana, Julio Pechín, dijo que le parece “prudente” el proyecto de ley que presentará la semana que viene el diputado provincial Espartaco Marín (Frejupa) para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades a los fines de establecer un procedimiento de suspensión y destitución de intendentes similar a la ley de juicio político que rige para gobernador, vicegobernador, ministros y miembros del Superior Tribunal de Justicia.
“Me parece prudente el proyecto porque con la actual ley (de Municipalidades y Comisiones de Fomento) todo el poder lo tienen los concejos deliberante y no se garantiza el derecho de defensa de los intendentes e intendentas”, sostuvo Pechín.
Respecto al caso de Quehué, donde dos concejalas oficialistas le objetaron balances y le pidieron aclaraciones sobre las cuentas municipales al intendente radical Fernando Tuñón, dijo que “puede que exista alguna falta administrativa, pero acá no está en juego la honestidad de nadie”.
Pechín adelantó que “después de las elecciones” se van a juntar las autoridades partidarias para analizar el caso Quehué.
“Es un debate que nos debemos en el partido y lo vamos a dar después de las elecciones. Desconozco quién tiene razón pero no son las formas. Vamos a ver cómo podemos destrabar la situación y poner paños fríos, calmar las aguas”, dijo el dirigente.
“Hay que buscar un punto de acuerdo, las cosas no se resuelven de esta manera. Los concejos deliberante se dieron cuenta ahora que están empoderados, pero tienen que respetarse con los intendentes e intendentas y cumplir con lo que dice la ley orgánica”, agregó.
El tema de la destitución de intendentes e intendentas por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos municipales se instaló luego de los casos de Santa Isabel y Abramo, donde los intendentes, ambos justicialistas, fueron destituidos. En ambos casos los concejales oficialistas y opositores se pusieron de acuerdo para lograr el desplazamiento de los jefes comunales.
Esta semana surgió el caso de otro jefe comunal que podría correr la misma suerte y es el radical Fernando Tuñón, de Quehué, a quien dos concejalas de su mismo espacio político le observaron balances y le pidieron aclaraciones que deben realizar antes del 23 de noviembre.
Estas situaciones encendieron las alarmas en el poder político y desde la Legislatura provincial Taco Marín anticipó que la semana que viene ingresará un proyecto consensuado con otros legisladores y legisladoras para “equiparar el procedimiento de juicio político que rige para el gobernador, vice, ministros y miembros del Superior Tribunal de Justicia, a la Ley de Municipalidades para establecer las mismas garantías de defensa que tienen los funcionarios”.